Así lo manifiesta la plataforma representativa de la discapacidad en Illes Balears, después de que sus entidades miembro estén recibiendo quejas de personas con discapacidad que han encontrado impedimentos para poder ir a la playa en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

 

Entre las dificultades que se están viviendo, destaca el hecho de que las personas con discapacidad que necesitan algún tipo de apoyo tengan que avisar con días de antelación para poder acudir a disfrutar de la costa. CERMI IB considera que las personas con discapacidad no deberían tener más dificultades que el resto de la población, que se centra en el aforo para poder guardar la distancia social.

 

Por ello, denuncia que el hecho de que las personas con discapacidad no puedan decidir ir a la playa el mismo día en que lo desean, “atenta contra el sentido común” y contra la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Asimismo, lamenta que se estén dando situaciones en las que a personas con discapacidad se les está denegando el acompañamiento para el baño. “Si las entidades de la discapacidad estamos prestando servicios de atención adaptándose a la ‘nueva normalidad’, las compañías concesionarias de los servicios de acompañamiento al baño en el mar deben hacer lo mismo, con las medidas de precaución pertinentes para evitar el contagio de COVID-19”, señala la entidad.

 

En este punto, critica también la falta de apoyo para la transferencia de la silla de ruedas ordinaria a la que se emplea para el baño en el caso de personas con movilidad reducida (PMR), conocida como silla anfibia. Igualmente, reclama que se reestablezca el acompañamiento a personas con discapacidad visual.

 

La entidad ha hecho llegar estas reivindicaciones al Consistorio de Palma y al resto de ayuntamientos de la comunidad autónoma y exige que se solucionen los problemas que se están dando con carácter inmediato para que se respeten los derechos de las personas con discapacidad, ya que el ocio es un principio consagrado en la Convención Internacional de la Discapacidad, de obligado cumplimiento por parte de todas las administraciones.